De acuerdo con lo dispuesto en la normativa en vigor, desde el día 26 de agosto de 2008, todas las empresas que operan en obras de construcción, con independencia del sector productivo al que pertenezcan, tienen la obligación de estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad laboral competente del territorio donde radique su domicilio social.

Antes de esta fecha todas las comunidades autónomas ya habían creado sus respectivos registros. La mayoría de ellas han optado por utilizar como soporte de su registro una aplicación informática diseñada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. El sistema diseñado (www.rea.mtin.es) garantiza que todos los registros estén intercomunicados entre sí y facilita al ciudadano una gestión ágil de sus obligaciones al permitirle realizar todos los trámites administrativos de forma electrónica.

Según los datos disponibles a día 29 de septiembre de 2008, el registro con mayor número de empresas inscritas es el de Cataluña (16.452), seguido de los de Castilla y León (8.570), Galicia (4.943), Castilla-La Mancha (4.884), Comunidad Valenciana (4.550) y Aragón (4.031).

A su vez, el número de solicitudes de inscripción presentadas supera ya las 90.000, lo que da una idea de la rapidez con que se está implantando este nuevo instrumento.

La Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción creó este registro como un instrumento de lucha contra la siniestralidad; su función es garantizar que las empresas que operan en el sector de la construcción cumplen con unos requisitos mínimos de solvencia y de calidad empresarial, persiguiendo, igualmente, la mejora de los recursos humanos del sector a través de una mayor estabilidad en el empleo y de una mayor cualificación de los trabajadores.

Con la puesta en funcionamiento del Registro de Empresas Acreditadas se da plena efectividad a la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, mejorando la salud y la seguridad de los trabajadores de este sector, quizás el que más preocupa por su elevada siniestralidad.

Ello supone, al mismo tiempo, un paso más en la ejecución de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, en especial en sus objetivos relativos a conseguir un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y a facilitar la realización de trámites administrativos de forma electrónica.